La huelga en Tierra del Fuego no es un episodio aislado ni un conflicto gremial más. Es la manifestación concreta de un modelo de país en disputa. En el corazón del conflicto se encuentra la reciente decisión de Javier Milei de profundizar la apertura de importaciones en el sector electrónico, una política que amenaza con desmantelar el polo industrial fueguino. Pero el trasfondo de esta crisis va mucho más allá del ensamblado de televisores o celulares: toca directamente la soberanía económica, geopolítica y productiva de la Argentina.
El régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego fue creado en 1972, con el objetivo de poblar la isla y afianzar la presencia argentina en una región estratégica. Con el correr de las décadas, se consolidó como un polo de ensamblaje de productos electrónicos que genera alrededor de 8.000 empleos directos y más de 15.000 indirectos, en una provincia que depende casi exclusivamente de esta actividad para su subsistencia económica.
El argumento del gobierno es que la industria fueguina produce caro. Y es cierto: la escala de producción en la Argentina es limitada, lo que encarece los costos unitarios. Pero ese no es un problema exclusivo de Tierra del Fuego, sino una característica estructural de la industria nacional, resultado del fracaso histórico de la burguesía local para desarrollar un aparato productivo competitivo y de escala internacional.
Lo que se omite en el discurso oficial es que el alto costo no es consecuencia de la ineficiencia per se, sino del aislamiento relativo, la falta de integración regional y la ausencia de planificación estratégica. En lugar de resolver esas falencias, el gobierno propone una receta que ya fracasó en los 90: abrir las importaciones, dejar quebrar a las industrias locales y confiar ciegamente en el mercado internacional.
La isla no es solo un punto remoto del mapa argentino. Es una pieza clave en el tablero geopolítico del Cono Sur. Su ubicación, cercana al Pasaje de Drake y a la Antártida, la convierte en un nodo logístico de enorme valor estratégico. Si el canal de Panamá o las rutas del Ártico llegaran a interrumpirse por conflictos bélicos o climáticos, el extremo sur del continente volvería a cobrar una centralidad vital para el comercio global.
Además, Tierra del Fuego es la puerta de entrada natural a la porción del continente antártico que Argentina reclama desde hace décadas. Tener una presencia fuerte en la isla —poblacional, industrial y científica— es una forma concreta de sostener esa soberanía.
No por nada, en los últimos años, tanto China como Estados Unidos mostraron interés en construir un puerto de aguas profundas en la región. La lógica es simple: quien tenga control sobre ese nodo, tendrá capacidad de influencia sobre una zona cada vez más codiciada por sus recursos naturales y su valor logístico.
Es cierto que el modelo vigente en Tierra del Fuego está agotado. Las empresas beneficiadas por los subsidios estatales no invirtieron en investigación, innovación ni desarrollo tecnológico. Se limitaron a importar componentes y ensamblarlos, aprovechando los beneficios fiscales para maximizar sus ganancias sin reinvertir localmente. En muchos casos, son las mismas firmas que luego fugan capitales, participan del carry trade o presionan para eliminar derechos laborales.
Pero el fracaso del empresariado no justifica la destrucción del enclave industrial. Al contrario: plantea la necesidad de una transformación profunda. La salida no es el desmantelamiento, sino la nacionalización de la industria electrónica fueguina. Es decir, sacarla de manos de empresarios parasitarios y ponerla al servicio de un proyecto de desarrollo soberano.
Argentina no puede competir en escala con China o Estados Unidos, pero sí puede articular una red regional de producción tecnológica. Un programa de industrialización nacional, basado en planificación estratégica, permitiría integrar verticalmente la producción, formar recursos humanos calificados, fomentar la investigación y aumentar la escala de manera progresiva.
La industria electrónica no tiene por qué limitarse al ensamblado de bienes de consumo. Puede orientarse a sectores estratégicos como defensa, salud, comunicaciones y energías renovables. Tierra del Fuego podría transformarse en un polo tecnológico con vínculos con el CONICET, INVAP, ARSAT, las universidades y otras industrias del continente.
Para ello, es clave desarrollar infraestructura. La construcción de un puerto de aguas profundas, financiado y gestionado por el Estado, dinamizaría la economía local, abriría nuevas rutas comerciales y consolidaría la presencia argentina en la región. A su vez, permitiría reducir los costos logísticos de la producción, haciéndola más competitiva.
La huelga en Tierra del Fuego es la expresión de un modelo en colisión. Pero también es una oportunidad para discutir el país que queremos construir. ¿Una economía primarizada, subordinada a los vaivenes del mercado global y a los intereses de las potencias extranjeras? ¿O una Argentina con desarrollo industrial soberano, capaz de generar empleo, tecnología y conocimiento?
Tierra del Fuego no es una isla desconectada del país: es un símbolo de lo que podemos perder si seguimos desmantelando lo poco que queda del tejido productivo nacional. Pero también puede ser el punto de partida para recuperar una visión estratégica, planificadora y soberana del desarrollo argentino.
Hacer quebrar al sector no es la solución al problema de escala que tiene la industria argentina. En especial, porque se trata de un enclave estratégico.