En noviembre de 2021, durante la cumbre climática COP26 en Glasgow, Alberto Fernández anunció con bombos y platillos un acuerdo con la empresa australiana Fortescue Future Industries (FFI) para invertir 8.400 millones de dólares en la producción de hidrógeno verde en Río Negro. Se prometieron 15.000 empleos directos y entre 40.000 y 50.000 indirectos, en lo que se presentaba como la llave para que Argentina se convirtiera en “potencia exportadora de energía limpia”.
El proyecto nunca pasó de la etapa de prefactibilidad. Entre 2022 y 2023 Fortescue instaló mástiles de medición de viento, realizó estudios de impacto ambiental y firmó convenios con la provincia. Pero no inició ninguna construcción. En 2024–2025, medios rionegrinos informaron que parte de las tierras fiscales asignadas en Sierra Grande para los parques eólicos de Fortescue habían sido redirigidas a proyectos vinculados al GNL (gas natural licuado), un negocio más inmediato ligado a Vaca Muerta.
La promesa verde quedó reducida a papeles, presentaciones y algunas inversiones menores en estudios. El gran anuncio, en la práctica, se convirtió en humo.
Hidrointensivo y electrointensivo
El hidrógeno verde comparte dos características fundamentales con los data centers anunciados por Milei junto a OpenAI y Sur Energy: son tecnologías electrointensivas e hidrointensivas.
Traducido: demandan una enorme cantidad de electricidad y una gran cantidad de agua.
La electrólisis para producir hidrógeno verde requiere, según la Agencia Internacional de Energía (IEA), entre 50 y 55 kWh de electricidad por cada kilo de hidrógeno producido, además de 9 litros de agua de alta pureza por kilo. Es decir, un complejo de exportación industrial consume electricidad equivalente a una ciudad mediana y agua suficiente para poner en jaque cuencas áridas.
Los data centers, por su parte, son monstruos eléctricos: el proyecto anunciado habla de 500 MW de potencia instalada, lo mismo que dos represas medianas o casi toda la potencia de una provincia como Neuquén en su pico invernal. Y, además, consumen millones de litros de agua al año para sistemas de enfriamiento.
Energía eólica desplazada por GNL
La demanda eléctrica de un centro de datos podría cubrirse con parques eólicos en la Patagonia. Esa fue la idea original de Fortescue: instalar un parque eólico de 300 MW en Cerro Policía como paso previo al hidrógeno.
Sin embargo, la realidad es que hoy la energía eólica está siendo desplazada en prioridad por proyectos de GNL. En 2024 YPF y Shell firmaron un Project Development Agreement para construir la primera terminal flotante de licuefacción de gas en Argentina, y en 2025 YPF y Eni avanzaron con acuerdos de ingeniería para un megaproyecto de GNL en Sierra Grande, el mismo territorio donde antes se habían reservado tierras para el hidrógeno verde.
Los recursos de financiamiento, la infraestructura logística y las prioridades regulatorias están yendo hacia el gas, no hacia el viento.
El problema del agua en la Patagonia
Más problemático incluso que la energía es el agua.
La Patagonia es en su mayor parte una región semiárida y árida, con precipitaciones bajas y alta variabilidad climática. Sólo algunos ríos de deshielo provenientes de los Andes aportan caudales importantes. Y esos ríos ya están comprometidos a distintas actividades económicas.
➜ Cuenca Limay–Neuquén–Río Negro: es la más caudalosa. Pero de ella dependen dos gigantes:
Por un lado, el fracking de Vaca Muerta, donde cada pozo no convencional consume en promedio 20.000 a 30.000 m³ de agua en toda su vida útil.
Por el otro, la agricultura intensiva del Alto Valle, que sostiene la fruticultura exportadora (manzanas, peras, vid).
El resultado ya son tensiones crecientes entre petroleras y agricultores. Sumar data centers sería echar nafta al fuego.
➜ Río Chubut: abastece a Trelew, Rawson y otras ciudades, además del riego agrícola. En los estiajes recientes se declaró emergencia hídrica. La población urbana ya compite con el agro por un recurso limitado.
➜ Río Santa Cruz: está comprometido con las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa, resistidas por ONGs ambientales. Además, hay minería metalífera en cuencas menores de la provincia que también requiere agua.
➜ Ríos menores (Deseado, Senguer): tienen caudales reducidos y en gran medida sostienen explotaciones mineras (oro, plata) y pequeños pueblos que dependen de camiones cisterna.
La última “opción” que algunos podrían barajar sería recurrir al acuífero patagónico, una enorme reserva subterránea con un nivel de recarga mínimo.
Pero su explotación intensiva sería un verdadero despropósito. Si se extrae más agua de la que ingresa por lluvia o infiltración, el nivel freático podría descender hasta agotarse en pocas décadas.
Y aun antes de llegar a ese límite, empiezan a aparecer consecuencias graves: a medida que baja el agua dulce, ingresan corrientes más salinas de las capas profundas o de los bordes costeros, lo que convierte pozos que antes daban agua potable en fuentes de agua salobre o directamente inutilizable.
Ese proceso de intrusión salina es casi irreversible: recuperar un acuífero contaminado puede demorar siglos. Al mismo tiempo, el vaciamiento provoca hundimientos del suelo, que agrietan la superficie y dañan la infraestructura.
Y si eso no bastara, la caída del nivel freático seca los mallines y humedales de la meseta, destruyendo la biodiversidad y arruinando las pasturas que sostienen la ganadería local.
En síntesis, usar el acuífero patagónico para refrigerar data centers sería, literalmente, un suicidio para toda la región.
Factibilidad ambiental y financiera
La instalación de data centers en la Patagonia difícilmente podría pasar un estudio de factibilidad ambiental si este fuera un país donde los organismos de control funcionaran.
Pero incluso con todos los organismos debilitados o cooptados, la aprobación de un proyecto de esta magnitud no se resuelve de la noche a la mañana: requiere años de zonificación, de permisos ambientales y de infraestructura eléctrica y de conectividad internacional que hoy ni siquiera existen.
Y al gobierno de Milei no parece sobrarle tiempo. Va por el segundo rescate financiero en menos de seis meses y las dudas sobre su continuidad política después del 26 de octubre son cada vez más serias, cualquiera sea el resultado electoral.
Y aquí aparece lo verdaderamente decisivo: la factibilidad de los data centers no es sólo ambiental, es financiera.
Si las inversiones en hidrógeno verde no llegaron en la época de Alberto Fernández, cuando el tipo de cambio era más competitivo y el costo laboral estaba en el piso, nada hace pensar que ahora, con un dólar atrasado y un costo de la energía poco competitivo, vayan a desembolsarse los miles de millones que exige un centro de datos de escala global.
El RIGI puede presentarse como un marco regulatorio atractivo, porque en los hechos equivale a la ausencia de toda regulación para inversiones superiores a los 200 millones de dólares. Pero incluso con todas esas ventajas fiscales, hay un escollo que no se borra: la energía argentina es cara en términos internacionales.
No hay que olvidar, además, que el barril de petróleo y el precio del gas están artificialmente inflados como forma de subsidio encubierto a las inversiones de Vaca Muerta. Eso significa que, ante una caída en los precios internacionales, OpenAI tendría que cubrir la diferencia entre el valor real y el valor subsidiado, en tanto su suministro provenga de la matriz energética actual.
En otras palabras: ni siquiera con el RIGI, ni siquiera con organismos de control rendidos, el negocio cierra.
Un anuncio de campaña
El clima templado de la Patagonia, argumento esgrimido por Milei para reducir costos de enfriamiento, no compensa todas estas desventajas.
Por eso, más que un plan de desarrollo real, este anuncio debe leerse como lo que es: un anuncio de campaña de un gobierno agotado, que después de vender el RIGI como llave mágica no tiene ninguna inversión concreta que mostrar.
No debemos confundir cartas de intención con inversiones reales. Las empresas como OpenAI y Sur Energy buscan países con recursos abundantes, instituciones débiles y bajo poder de negociación. Es el mismo patrón que explica la instalación de data centers en Paraguay o Chile. Y hacia ese lugar busca arrastrarnos Milei.
Continuidad extractivista
Tampoco hay que creer que la vocación de entrega de Javier Milei pueda traducirse automáticamente en una entrega efectiva.
La razón es simple: las grandes inversiones extractivistas, o aquellas que se disfrazan de tecnológicas pero comparten la misma lógica —como los data centers—, sólo llegan bajo gobiernos capaces de garantizar condiciones de largo plazo. Y esa estabilidad en Argentina, históricamente, la dio el peronismo.
No es casual que la década dorada del extractivismo haya sido la década kirchnerista, con Chevron, Monsanto y la Barrick Gold a la cabeza. La explicación es clara: los gobiernos peronistas siempre están a la caza de divisas frescas para complementar las que aporta el campo. Sencillamente, porque sin dólares no pueden sostener el circuito de crecimiento de la industria mercadointernista, que depende de divisas para importar insumos.
El problema es que hoy, en una Argentina quebrada e inviable como economía de mercado, ni siquiera el peronismo puede garantizar esas condiciones de largo plazo. Por eso, durante el gobierno de Alberto Fernández, el hidrógeno verde murió en un anuncio y las famosas factorías de cerdos chinos se esfumaron en el aire.
Libertarios y peronistas coinciden en el método, aunque difieran en el destinatario. Milei entrega recursos al capital financiero, mientras que el peronismo los orienta hacia el capital industrial. Pero en ambos casos la lógica es la misma: entregar los recursos estratégicos del país para sostener a distintas fracciones del empresariado.
La narrativa cambia, la bandera es distinta, pero la esencia es la misma: subastar soberanía para comprar tiempo político. Milei lo hace bajo la promesa del shock de mercado y la integración subordinada al capital tecnológico y financiero. El peronismo lo hizo bajo la promesa de “industrialización” y “crecimiento con inclusión”, pero financiado con Monsanto, Chevron y las mineras canadienses.
Otra Argentina
El verdadero desafío es romper ese círculo. No se trata de elegir entre el extractivismo “libertario” o el extractivismo “nacional-popular”, porque ninguno resuelve los límites estructurales de la economía argentina.
Para que la instalación de data centers sea realmente factible en la región harían falta inversiones en tecnologías que brillan por su ausencia en el contrato de intenciones.
Un combo que va desde los reactores SMR hasta las plantas costeras de desalinización de agua de mar, pasando por la ampliación de la infraestructura eléctrica y la conectividad internacional necesarias para sostener un proyecto de semejante escala.
Y esas son justamente tecnologías que la Argentina podría desarrollar en el marco de un programa nacional, con la perspectiva de construir data centers soberanos cuyas bases de datos estén al servicio de nuestras propias necesidades estratégicas: desde el software hasta la inteligencia artificial.
Tal vez haya llegado la hora de poner en discusión otra Argentina.
Una Argentina donde tanto los recursos del Estado como los recursos naturales dejen de ser la moneda de cambio con la que distintos gobiernos compran sobrevida política, y pasen a ser la base de un verdadero programa de desarrollo nacional.
La carta de intención de OpenAI y Sur Energy podría acabar como el hidrógeno verde. Y no sólo por el factor ambiental, sino por una economía inviable.