Ya no se pueden usar metáforas ni eufemismos. El espíritu del gobierno de Javier Milei es el de un gobierno de ocupación. Un término que, por estos días, sólo utiliza el ultranacionalista Santiago Cúneo para referirse a la naturaleza del gobierno actual, pero que debería ser incorporado por el conjunto de la opinión pública. O, al menos, de los sectores que defienden la soberanía nacional.
¿Por qué el de Javier Milei es un gobierno de ocupación que busca africanizar a la Argentina?
Históricamente, la categoría de «gobierno de ocupación» estuvo reservada para aquellos casos en los cuales la administración de un territorio es asumida por una nación o grupo de naciones extranjeras, como resultado de un conflicto armado. En general, este tipo de gobierno ha sido establecido en contextos de posguerra, donde la nación ganadora procura mantener el orden sobre los territorios ocupados mientras negocia los términos de paz o intenta poner en pie un gobierno títere, como fue el caso de Alemania y Japón tras la Segunda Guerra Mundial.
Este término puede guardar similitudes con otro concepto de gran fuerza simbólica, el de «gobierno colonial». Y si bien ambos coinciden en ser formas de dominio extranjero, es importante señalar algunas diferencias para entender por qué el término «gobierno de ocupación» es más adecuado para el régimen de Javier Milei.
El gobierno de ocupación se diferencia del gobierno colonial principalmente por su carácter transitorio. Aunque ambos tipos de gobierno buscan establecer algún andamiaje institucional que favorezca a la nación ocupante y le permita mantener cierto grado de control, uno se arroga el derecho de continuar nombrando autoridades y el otro, no.
Los gobiernos de ocupación buscan instaurar un orden determinado para que, al retirarse, el gobierno local que los suceda sea afín a sus intereses. No pretenden seguir ejerciendo control directo, sino que confían en que el orden creado les permita continuar dominando a la nación ocupada de forma indirecta, al menos en las cuestiones relativas a la geopolítica.
Ahora bien, partiendo de estas definiciones, ¿qué es lo que convierte al gobierno de Milei en un gobierno de ocupación?
El mundo ha cambiado mucho desde la Segunda Guerra Mundial. Y tanto los grupos de influencia como las formas de dominación resultan muy diferentes a los de aquel entonces. Sobre todo, a partir de la revolución digital y el advenimiento de las redes sociales.
En este contexto, Javier Milei es el representante no de una nación extranjera en sí, sino de los intereses de un grupo de capitales extranjeros. No es el enviado del Departamento de Estado de los EEUU, pero sí el lugarteniente de la Atlas Network en Argentina. Y esta fundación es mucho más que un think tank con ideas promercado. Se trata de la organización internacional que impulsa y coordina a las «nuevas derechas» a nivel mundial.
Desde Trump en los Estados Unidos, hasta Vox en España, pasando por Bolsonaro en Brasil, entre otras figuras ultraderechistas de la región, Atlas Network es la marionetista que mueve los hilos en las sombras.
No se trata de una organización ideológica, sino económica. No pregona ideas, garantiza intereses. La conforman magnates de rubros que se sienten amenazados por los Acuerdos de París, como el sector hidrocarburífero. Y buscan activamente instalar gobiernos que favorezcan los procesos de acumulación de capital de sus grupos afines.
Para que nos demos una idea, grandes conglomerados empresariales como ExxonMobil y Mastercard han estado detrás del financiamiento de esta organización. O billonarios como John Templeton y los hermanos Koch, magnates ligados a industrias contaminantes como el petróleo. Y estos son sólo algunos aportistas que han realizado donaciones «en blanco» (declaradas) a la Atlas Network.
Tengamos en cuenta que los ingresos declarados por la organización rondaban los 15 millones de dólares en 2020, una suma escueta para sostener una red global de usinas de pensamiento. Esto sugiere que el grueso de sus movimientos deben financiarse con dinero «en negro» (no declarado). Incluso se ha llegado a decir que el Departamento de Estado norteamericano financiaba indirectamente a esta organización. Algo que puede haber sido cierto bajo la gestión Trump, pero que está sujeto a duda bajo la administración de Biden.
Es importante señalar que, en realidad, Altas Network no aboga por el libre mercado, sino que busca mecanismos que les permitan conseguir mayores beneficios a sus jugadores en el mercado mundial. Y estas políticas que los benefician no siempre están a favor del libre mercado. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, consistieron en la adopción de medidas proteccionistas frente a China, bajo la presidencia de Trump.
Vale la pena repetirlo. Sus directrices en política económica pueden variar según la geografía, pero persiguen un mismo fin: beneficiar a sus socios. Y estos socios necesitan «libertad de mercado» para expoliar las riquezas de Argentina, pero proteccionismo en sus tierras para defenderse de la alta competitividad de la industria China.
De esta manera se explica cómo es que Javier Milei, máximo defensor del libre mercado, y Donald Trump, el presidente más proteccionista de los EEUU en el último tiempo, se encuentran en el mismo barco, a pesar de que ideológicamente deberían estar en veredas opuestas. La ideología es sólo un verso. Lo que importa es asegurarle los negocios al mismo club de amigos.
Por lo tanto, estamos en condiciones de afirmar que Javier Milei es el lugarteniente del gobierno de ocupción de la Atlas Network en Argentina. Y esto es una definición objetiva.
El presidente no llegó a donde está por casualidad. La idea de que es un outsider que venció por sí solo al sistema de partidos en la Argentina es falsa. Por el contrario, es el resultado de un plan deliberado de un sector del poder económico internacional para exprimir más a la Argentina, cargándose a los capitales locales en el proceso.
Siempre hemos dicho que la economía argentina tiene problemas de fondo que son irresolubles en el marco de una economía de mercado. Y que los distintos gobiernos que han asumido han elegido convivir con esos problemas para preservar este orden social y económico. Pero una cosa es elegir convivir con esos problemas, en lugar de resolverlos ―lo cual de por sí ya está mal―, y otra muy distinta es crearle al país problemas nuevos, de forma deliberada, que se suman a las problemáticas existentes.
Cristina, Macri y Alberto fueron incapaces de resolver los grandes problemas nacionales por los límites materiales inherentes a la economía de mercado en nuestro país. Ahora Milei quiere ensanchar esas barreras que impiden el desarrollo nacional, para consolidarnos como un país atrasado, primarizado y sin una industria competitiva. Y lo quiere hacer en beneficio de un puñado de empresarios ligados a la Atlas Network.
Los sectores exportadores por sí solos no pueden sostener el tamaño de vida al que nuestro país dio lugar. Un Argentina donde sólo exista el campo como factor productivo es un país para cinco o diez millones de personas como mucho, donde las otras cuarenta millones sobran. Y la población excluida irá directamente a engrosar una pobreza estructural que ya es bastante grande.
Argentina tenía en los setenta una estructura social y económica propia de países europeos. Vivió un proceso de latinoamericanización desde aquel entonces hasta a la fecha. Y hoy Milei quiere meternos directamente en un proceso de africanización. Es decir, convertirnos en un país donde el negocio extractivista sostiene a un porcentaje muy reducido de la población y todo el resto conforma una gigantesca masa de pobreza extrema estructural.
Como ya dijimos en esta editorial, la compulsión a entregar todo tipo de concesiones al capital extranjero con el fin de atraer inversiones es algo que caracteriza a las naciones africanas altamente endeudadas. Beneficios impositivos, excensión de responsabilidad ambiental, regímenes especiales de explotación y todo tipo de acuerdos leoninos. Los recursos naturales se regalan a multinacionales extranjeras, pero las consecuencias ambientales las pagan los pobladores locales, mientras la riqueza se va del país.
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) representa todo eso que mencionábamos en nuestra nota, en junio de 2023. Es el corazón de la Ley Bases que acaba de obtener media sanción en la Cámara Baja y ya se encuentra en tratamiento en el Senado.
Aspectos centrales del RIGI
Beneficios impositivos
Impuesto a las Ganancias:
Alícuota reducida del 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU): Las empresas que gestionen un solo proyecto de gran envergadura podrán beneficiarse de una tasa de impuesto sobre las ganancias más baja que la general.
Amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura. Permite a las empresas depreciar más rápidamente el valor de sus activos tangibles e infraestructura para fines fiscales, lo cual reduce la carga impositiva en los primeros años del proyecto.
Transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros 5 años. Si una empresa no puede compensar totalmente sus pérdidas fiscales en un año, puede transferir esos quebrantos a años futuros, mejorando su flujo de caja.
Impuesto al Valor Agregado (IVA):
Devolución acelerada de saldos a favor en un plazo no mayor a tres meses. Esto implica que las empresas pueden reclamar rápidamente cualquier crédito de IVA que tengan, mejorando su liquidez.
Pago del IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles a terceros. Permite a las empresas usar o transferir créditos fiscales en lugar de pagar en efectivo, lo que también mejora el flujo de caja.
Otros impuestos:
Computar el 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios como crédito en el Impuesto a las Ganancias. Esto efectivamente elimina la carga de este impuesto, ya que se puede usar como crédito contra el impuesto a las ganancias.
Beneficios aduaneros
Exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos. Facilita la importación de equipos y materiales necesarios para el proyecto sin incurrir en tarifas aduaneras.
Exención de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos adheridos al RIGI. Incentiva la exportación al eliminar los derechos de exportación, aumentando la competitividad de los productos en los mercados internacionales.
Beneficios cambiarios
Libre disponibilidad de divisas para exportaciones. Permite a las empresas disponer de un porcentaje creciente de las divisas generadas por sus exportaciones, lo que facilita la fuga de capitales.
- 20% el primer año.
- 40% el segundo año.
- 100% a partir del tercer año.
Divisas para financiamiento local o externo sin restricciones. Las empresas pueden acceder y manejar divisas sin limitaciones para financiar tanto operaciones locales como internacionales.
Estabilidad normativa
Estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años. Asegura que las reglas no cambiarán para los proyectos una vez que se adhieran al régimen, lo que proporciona un entorno de inversión a largo plazo.
Garantía de no afectación por normativas más gravosas. Protege a las empresas de futuros cambios en la legislación que puedan imponer cargas fiscales o regulaciones más estrictas.
Requisitos para adherirse al RIGI
Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU). Incluye diversos tipos de entidades legales como sociedades anónimas, sucursales de sociedades extranjeras, entre otros.
Monto de Inversión Mínima. El proyecto debe implicar una inversión superior a 200 millones de dólares.
Sectores incluidos. Se especifican los rubros que pueden beneficiarse de estos incentivos y, con la excepción de dos, todos están ligados al sector primario. Estos rubros son Agroindustria, Infraestructura, Forestal, Minería, Gas y Petróleo, Energía y Tecnología.
Detalle del plan de inversión. Se requiere un cronograma de inversión, estimaciones de empleo generado y proyecciones de balance comercial. Cuestiones fácilmente dibujables para el directorio de cualquier conglomerado empresarial. Y no se preveen mecanismos para evitar subfacturación y otros fraudes comerciales.
Comparación con las políticas regulatorias de los Estados Unidos
Básicamente, el RIGI está pensado para que los capitales extranjeros tengan una libertad de circulación que no tendrían ni en sus propios países. Como ya mencionamos cuando hablamos de Donald Trump, ni los Estados Unidos dan ese grado de libertad a las empresas extranjeras para operar en su territorio. Por el contrario, han tenido políticas restrictivas con empresas chinas como Huawei. Y, en el caso de TikTok, directamente están intentando prohibirla.
Pero yendo a la inversión extranjera directa, vale la pena comparar el marco regulatorio de los estadounidenses con la reforma que Milei quiere implementar a través de su Ley Bases.
Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS). Este comité interagencial es crucial en la revisión de las inversiones extranjeras. Su función principal es evaluar y, si es necesario, bloquear transacciones que podrían implicar riesgos para la seguridad nacional. El CFIUS tiene la autoridad de revisar, investigar, bloquear o deshacer ciertas transacciones que involucran inversiones extranjeras en empresas estadounidenses.
Reformas de la Ley FIRMA. La Ley de Modernización de la Revisión de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos (FIRMA), promulgada en 2018, amplió significativamente las capacidades del CFIUS. Esta reforma permite que el comité revise una gama más amplia de transacciones, incluidas las inversiones minoritarias y los cambios en los derechos de propiedad intelectual.
Regulaciones sectoriales específicas. Además de CFIUS, ciertos sectores tienen regulaciones adicionales sobre la inversión extranjera. Por ejemplo, las inversiones en transporte, comunicaciones y energía pueden requerir aprobación de agencias como la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) o el Departamento de Energía.
Control de exportaciones y sanciones. Las empresas extranjeras que invierten en los EEUU también deben cumplir con las leyes de control de exportaciones y sanciones administradas por el Departamento de Comercio y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), respectivamente. Estas regulaciones pueden restringir con quién pueden hacer negocios las empresas extranjeras en EEUU y qué tecnologías pueden exportar.
Requisitos de notificación y registro. Dependiendo de la naturaleza de la inversión, puede haber requisitos de notificación y registro ante diferentes agencias federales o estatales.
Implicaciones fiscales. Las inversiones extranjeras en EEUU están sujetas a consideraciones fiscales específicas, las cuales deben ser manejadas conforme a las leyes fiscales federales y estatales.
Como podemos ver, las políticas regulatorias estadounidenses sobre la inversión extranjera contrastan fuertemente con la desregulación promovida por Javier Milei. Y hablamos de Estados Unidos, la meca del capitalismo para el economista libertario, no de la China comunista.
El llanto de las PyMEs y la única salida real
Por estas horas, las cámaras empresariales ligadas a nuestra industria mercadointernista están haciendo presión sobre los senadores para voltear el capítulo de la Ley Bases relativo al RIGI. Sucede que los conglomerados empresariales extranjeros que se instalen en la Argentina gozarán de beneficios impositivos, acceso a un tipo de cambio privilegiado y una libertad para la circulación de capitales que no tendrán las empresas locales.
Desde la UIA, hablan de «competencia desleal», ya que, a menos que las PyMEs argentinas desembolsen inversiones superiores a los $200 millones de dólares, permanecerán bajo la presión impositiva actual y las restricciones para importar y exportar. Esto resulta especialmente complicado para nuestra industria local dado que el grueso necesita de la importación de insumos para poder producir, pero no cuenta con una escala de producción suficiente ni facilidades para exportar. Demandan dólares para importar, pero no los recuperan vía exportaciones.
Javier Milei quiere hacer quebrar a todo este sector, dado que lo ve como un sumidero de dólares que nada aporta a la Argentina. Sin embargo, las PyMEs generan tres cuartas partes del trabajo en nuestro país. Y los puestos de trabajo que se pierdan no serán fácilmente reemplazables por los trabajos generados por la inversión extranjera. Sobre todo, porque estas inversiones apuntan a rubros de la economía primaria que generan muy pocos puestos de trabajo, como la minería o la industria forestal.
El eslabón intermedio de la cadena productiva, el que suma valor agregado, queda fuera de los planes de Milei. Nada obliga a las empresas que vengan a la Argentina a industrializar nuestros recursos naturales previo a exportarlos.
Las mineras interesadas en el litio no se instalarán en Jujuy para fabricar baterías. Extraerán la materia prima y la venderán a otras empresas en el exterior que se encarguen de añadirle valor agregado. Mientras tanto, a nosotros nos quedará el agotamiento de recursos no renovables y el pasivo ambiental por su explotación sin regulaciones. Nuevamente, la africanización de la Argentina.
Con esto no queremos decir que el modelo PyME de desarrollo sea sostenible. Subsidiar las ganancias de empresas privadas que demandan dólares para producir, pero son incapaces de exportar y no durarían ni un segundo en condiciones de libremercado, al mismo tiempo que se les garantiza una mano de obra muy barata, para que no logren alcanzar niveles de productividad significativos, resulta un despropósito.
Siempre hemos dicho que nuestro proyecto de país se centra en el financiamiento de los activos tecnológicos del Estado para insertarnos en el mercado mundial como grandes exportadores de valor agregado y terminar así con la restricción externa.
Los empleos precarios en PyMEs improductivas deben ser reemplazados paulatinamente por empleos de alta calidad en empresas productivas del Estado, en el marco de un programa de industrialización nacional con fines de exportar alta tecnología. Lo que Milei pretende, en cambio, es reemplazar empleos industriales por cheques de desempleo o planes sociales, ya que la desocupación resultante de su programa económico caerá bajo el paraguas del asistencialismo social, público y privado.
El gobierno de ocupación de Javier Milei y la Atlas Network no puede durar ni un minuto más. Todos los sectores de la población preocupados por la soberanía y el desarrollo del país deberían organizarse para motorizar su juicio político inmediato.
La africanización del país podría ser un punto de no retorno. Y, de concretarse, este Gobierno de Ocupación habrá cumplido su cometido.
Con la aprobación de la Ley Bases, el país dejaría de estar en venta para pasar directamente a estar regalado, a merced de los pulpos de la Atlas Network.