Sin importar que Milei gane o pierda, el candidato libertario ya cumplió su cometido: correr a todo el espectro político a la derecha. O, al menos, en el plano económico. Pues, para adoptar las políticas de Martínez de Hoz o Cavallo, no hace falta cuestionar la cifra de desaparecidos. El liberalismo goza hoy de un nivel de aceptación que no tuvo bajo el gobierno de Macri. Sólo comparable con el respaldo ideológico logrado en los años noventa.
Massa, Larreta, Bullrich y Milei son los cuatro candidatos con chances de llegar a la Rosada. Y los cuatro son liberales en lo económico. Incluso, el candidato peronista. Sergio Massa viene de la UCeDé y es un hombre de confianza de los mercados. Entre 2015 y 2019, tuvo varios acercamientos con Mauricio Macri. De hecho, en la cumbre de Davos de 2016, el entonces mandatario fue quien lo señaló como el próximo líder del peronismo. Siete años después, la predicción se hizo realidad.
Massa asistirá a las urnas nada menos que con el aval de Cristina. Dicho apoyo lo deja bien posicionado para convertirse en el nuevo presidente. Su perspectiva económica, sin embargo, es similar en muchos aspectos a la del resto de los candidatos con posibilidades. Todo se resume a juntar los dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional, como él mismo declaró en el día de ayer.
La urgencia por pagarle al FMI no representa ningún afán desendeudatorio. Por el contrario, la idea es demostrar capacidad de pago para regresar a los mercados de crédito y comenzar un nuevo ciclo de endeudamiento. En los círculos de economistas, consideran que el último ciclo fracasó por errores de Macri. Aunque, llamar error al Carry Trade, es un abuso del término. La bicicleta financiera fue una política deliberada para transferir recursos hacia el sector financiero, a un ritmo que rápidamente se tornó insostenible. Pero convengamos que, en nuestro país, ningún ciclo de endeudamiento ha sido sostenible en el mediano plazo. La delincuencial vorágine de Macri sólo aceleró el desenlace.
La razón es que Argentina tiene otro problema. Uno ligado al sector privado y no al Estado, como sostienen los cuatro.
El grueso de la industria nacional es incapaz de sobrevivir en condiciones de libre mercado. Con la excepción de Techint, Arcor y algunos capitales ligados a la agroindustria, el sector manufacturero de nuestro país no alcanza niveles de productividad ni escala para competir en el mercado mundial. La mayoría de las empresas privadas son un sumidero de divisas. Demandan dólares para importar insumos, pero no generan exportaciones para reponerlos. Viven fundamentalmente del mercado interno. Y no resisten una apertura de importaciones. Al mismo tiempo, demandan subsidios en pesos y excenciones impositivas, lo que obliga al gobierno a emitir para cubrir el déficit fiscal. Un combo explosivo que hace que nuestra moneda siempre se devalúe.
La solución liberal a este problema es la misma de siempre: dejar que los capitales más chicos quiebren para propiciar la concentración y el ingreso de inversiones extranjeras. Lo que, bajo Macri, el kirchnerismo denominó industricidio. Sin embargo, las empresas sobrevivientes a dicho proceso no revirtieron su situación marginal en la economía mundial. Ni llegaron inversiones extranjeras para instalar en la Argentina la próxima Samsung. Y no se debe a que Macri no haya generado confianza en los mercados. Ni al cuco de que volviera Cristina, como afirmó el líder del PRO. La cuestión responde a un problema sistémico del país. A saber, que la economía de mercado es un camino inviable para el desarrollo nacional.
Y si no es el mercado, ¿cuál es el camino alternativo que ninguno de los candidatos piensa tomar?
Durante el gobierno de Macri, hubo una empresa que sí generó cientos de millones de dólares en exportaciones. Pero no era privada, sino estatal. Hablamos de INVAP. Una empresa de alta tecnología que, entre otras cosas, exporta reactores nucleares, radioisótopos y radares. Un símbolo de la Argentina que podríamos ser, pero que no está en los planes de ninguno de los candidatos. El impulso de un Estado productivo, al menos por ahora, figura ausente en sus declaraciones.
Algunos sectores afines a Massa podrán argumentar, contra esta perspectiva, que el actual ministro de Economía lleva de compañero de fórmula a Agustín Rossi. Un dirigente político con probada trayectoria en la articulación de políticas con las empresas estatales de alta tecnología, sobre todo durante su gestión en el Ministerio de Defensa (2013-2015). Sin embargo, como lo demostraron 4 años de gobierno del Frente de Todos, no es el vicepresidente quien tiene la lapicera. Y, aunque la tuviera, si el corazón del programa económico es pagarle al FMI, difícilmente sobren dólares para invertir en empresas del Estado.
Además, sin impotar quién gane, pagar los futuros vencimientos de deuda supone dos problemas.
El primero, que la inversión extranjera gozará de todo tipo de concesiones para acelerar el ingreso de dólares al país. No es futurología, así se comportan los países con una matriz extractivista, cuando están desesperados por pagar deuda. Las naciones africanas altamente endeudadas son un claro ejemplo. Y podemos nombrar varias consecuencias: entrega de recursos naturales, excensión de responsabilidad ambiental, recorte de derechos laborales, beneficios impositivos y todo tipo de acuerdos leoninos.
El segundo punto es que la industria local podría verse privada de los dólares necesarios para importar insumos y producir. Lo cual ya está ocurriendo, principalmente a causa de la sequía y las demoras en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Y, aunque algunos economistas señalan que con una buena cosecha y el gasoducto terminado se acabaría la escasez de divisas, el tamaño de los vencimientos de deuda para los próximos años apunta en sentido contrario.
Los pagos a bonistas, al FMI y otros organismos internacionales se incrementan de U$ 9.900 millones en 2024 a U$ 13.523 millones en 2025, U$ 14.419 millones en 2026, y a partir de ese punto hasta 2032, superan los U$ 21.000 millones anuales. Para entender cuánto representan, tengamos en cuenta que toda la cosecha de soja, en un año normal, ronda los U$ 20.000 millones.
No por nada, en 2020, cuando Alberto mostró en una entrevista el nuevo acuerdo con el organismo, debió doblar la hoja para que no se vieran los vencimientos que el próximo gobierno debería afrontar.
Por lo tanto, es probable que el pago compulsivo agudice los problemas de la industria para importar insumos. Y, en este cuadro, no debemos descartar que se produzcan una serie de quiebras.
Este escenario está contemplado por los cuatro aspirantes. Por eso, aunque critican los planes sociales, también hablan de mantenerlos. Sucede que la pérdida de empleos industriales, inevitablemente, acabará engrosando la lista de personas que reciben un cheque del Estado. Pero no uno por realizar un trabajo productivo, sino por formar parte de la desocupación estructural.
Massa, Larreta, Bullrich y Milei. El mercado ya tiene a sus cuatro candidatos y, en lo económico, tienen más similitudes que diferencias.