Este martes tendrá lugar la que, probablemente, se convierta en la marcha más masiva de toda la Historia argentina.
Estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, graduados, familiares y un sinfín de argentinos que, sin poseer ningún título ni cursar ninguna carrera, entienden que la defensa de la universidad pública es una cuestión fundamental en nuestro país, marcharán desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo.
Se trata de una verdadera jornada de protesta del conjunto de la comunidad educativa, ya que no sólo participará la comunidad universitaria, sino también secundarios y terciarios.
En Argentina, existen 56 universidades nacionales. Todas ellas públicas y gratuitas, al menos en las carreras de grado. Y serían 61 si Javier Milei no hubiera frenado la creación de 4 más (Universidad Nacional de Pilar, Universidad Nacional del Delta, Universidad Nacional de Saladillo y Universiad Nacional de Río Tercero) y detenido la conversión de la Universidad de Ezeiza en una institución nacional.
En lo que a creación de instituciones de educación superior se refiere, el presidente aplicó directamente el plan motosierra. Sin embargo, no sólo bloquea la creación de nuevas universidades, sino que su plan licuadora pone en peligro la continuidad de las que ya existen.
Al poco tiempo de asumir, Milei prorrogó por decreto el presupuesto 2023 para el año 2024. Esto, en un contexto donde tenemos una inflación interanual para marzo que se acerca al 290% y una inflación acumulada, en los primeros tres meses del año, superior al 50%.
Con el presupuesto actual, las universidades no están en condiciones de garantizar las actividades académicas durante el segundo cuatrimestre. Y, en algunos casos, directamente se quedarán sin dinero el mes próximo.
El repudio al ajuste universitario es prácticamente unánime. Incluso una base importante de los votantes del propio Milei están en contra del vaciamiento presupuestario.
Por esta razón, el presidente anunció un supuesto acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional, en un intento por resguardar su imagen pública. O, al menos, cuidarla entre sus seguidores. Según afirmó, daría un aumento del 140% en dos cuotas. Pero, enseguida, la CIN salió a desmentirlo. El anuncio había sido unilateral y no existía ningún acuerdo.
Lo más grave, sin embargo, es que dicho porcentaje de aumento corre sólo para gastos operativos como luz, agua, gas y otros servicios. Y estos gastos representan sólo el 8,9% del total de los gastos que tienen las universidades.
Teniendo en cuenta esta cuestión, el aumento del presupuesto 2024 con respecto al de 2023 queda en un miserable 3,4%.
¡Sí, 3,4%! ¡Con más de 50% de inflación en tres meses y casi un 290% interanual!
Probablemente, este vaciamiento responda a una estrategia de privatización futura.
Javier Milei manifestó en reiteradas oportunidades su desprecio por las instituciones públicas. Y el desmantelamiento de nuestro sistema universitario va en la línea con el dogma liberal libertario de aniquilar toda función social que cumpla el Estado. No pocas veces, el presidente sugirió la posibilidad de ir hacia un arancelamiento universitario. Y ya intentó cobrar un arancel a los estudiantes extranjeros no residentes, en su fallida Ley ómnibus.
Debemos señalar, no obstante, que el desfinanciamiento del sistema público universitario no comenzó con Milei, sino que fue una constante de todos los gobiernos anteriores. Por esta razón, las propias instituciones universitarias ya avanzaron con algunos principios de privatización en áreas puntuales, para poder generar recursos propios.
Uno de los ejemplos más claros de esto es la Universidad de la Matanza. Hace algunos años, el rector Martínez decidió cerrar una de las pocas tecnicaturas gratuitas que ofrecía la universidad, Sonido y Grabación, para empezar a crear compulsivamente tecnicaturas pagas como Animación y Arte Digital o Periodismo Deportivo.
Pero el ataque de Milei a las universidades públicas representa un salto monumental en el proceso de privatización en marcha, ya que apunta a lo único que permanece intacto: la gratuidad de las carreras de grado. Y lo más grave, no sólo no disimula sus intenciones, hace cuanto puede para desprestigiar a las instituciones de educación superior acusándolas de «adoctrinamiento».
Según su perspectiva, toda transmisión de conocimiento, en el marco de una institución estatal, representa un acto de «adoctrinamiento» simplemente por el hecho de reproducir la existencia del Estado. Pero no es capaz de ver que las clases dominantes ya no necesitan del Estado para reproducir su ideología.
Hoy en día, la reproducción de dicha ideología dominante está más descentralizada que nunca. Los estímulos que la construyen y le dan forma ni siquiera parten de los medios de comunicación tradicionales. Ahora bajan directamente de las redes sociales, un medio que su secta libertaria domina a la perfección.
Las universidades, en cambio, son un medio de transimisión de conocimiento universal y científco, no de dogmas que buscan adoctrinar como sí lo hace la propaganda libertaria en Twitter, TikTok y diversas plataformas. Las universidades son el producto de una construcción colectiva, no de un delirio individual. Y tienen valor científico porque su veracidad se fundamenta en un método que todo el tiempo pone a prueba su rigor.
Y el hecho de que ese conocimiento sea accesible a cualquier hijo de obrero es lo que tanto le molesta al presidente. En Argentina, la comunidad académica no es una comunidad cerrada a una élite como en otros países. La educación universitaria es de excelencia, pública y gratuita. Y constituye un factor de movilidad social ascendente.
Paradójicamente, una ideología que dice ser meritocrática y privilegiar el esfuerzo, quiera quitarle la posibilidad de ascenso social a una porción sustantiva de la clase trabajadora argentina. Tal parece que, para los libertarios, el esfuerzo sólo es esfuerzo si los estudios son pagados por mami y papi o con la herencia de una familia acaudalada.
Debemos señalar, sin embargo, que la gratuidad universitaria no exime a la mayoría de los argentinos de encontrarse con otras barreras a la hora de estudiar. La clase social a la que cada uno pertenece supone límites materiales para desarrollar una actividad académica, incluso cuando esta sea de libre acceso. Pero el arancelamiento universitario implica directamente expulsar del sistema universitario al grueso de quienes hoy estudian.
Nuestro sistema público universitario es de excelencia. Pero, como todo en esta sociedad, no está exento de ser perfectible. Es mucho lo que hay para mejorar. Lo que sí es seguro es que el camino no es licuar el presupuesto para preparar una futura privatización, como quiere hacer Milei.
Si somos el único país latinoamericano con 5 premios Nobel, 3 de ellos en ciencias duras, eso se lo debemos a nuestra educación pública. Por eso, la defensa de la gratuidad universitaria es una cuestión de primer orden.
¡Todo el apoyo a la Marcha Federal Universitaria!
La prórroga del presupuesto 2023, para 2024, es una política deliberada de vaciamiento de las universidades y deja al sistema al borde de una parálisis total.