Argentina es reconocida como una de las potencias tecnológicas de América Latina, particularmente en el desarrollo satelital. Con proyectos de vanguardia como los satélites ARSAT y SAOCOM, el país demostró su capacidad para competir en mercados internacionales. Sin embargo, en los últimos años, tuvo lugar algo insólito en el panorama aeroespacial de la región: Uruguay, un país sin antecedentes significativos en el ámbito espacial, figura con más satélites registrados que Argentina. Esta situación responde principalmente al caso de Satellogic, una empresa fundada por argentinos que hoy registra sus satélites bajo bandera uruguaya, pese a haber sido desarrollada con conocimientos y recursos nacidos en el ecosistema estatal argentino.
Satellogic: de colaborador del Estado a registrante en Uruguay
Satellogic fue fundada en 2010 por Emiliano Kargieman y Gerardo Richarte, dos emprendedores formados en el sistema educativo argentino, conocido por su excelencia en ingeniería y ciencias exactas.
En sus primeros años, mantuvieron una estrecha colaboración con INVAP, empresa estatal insignia en tecnología de alta complejidad. Este vínculo resultó fundamental para el desarrollo de proyectos como el CubeSat «Capitán Beto», uno de sus primeros satélites, lanzado en 2013. Y para el cual, además, recibieron un financiamiento directo por la suma de 6,3 millones de pesos (más de un millón de dólares para esa época) de parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
La empresa se dedica al desarrollo, fabricación y operación de satélites para la observación de la Tierra, ofreciendo imágenes de alta resolución y datos geoespaciales. Monitorea la superficie terrestre en tiempo real, brindando información útil para sectores como agricultura, energía, minería, defensa y gestión ambiental. Su modelo de negocio se basa en vender acceso a su constelación de satélites y ofrecer servicios personalizados de análisis de datos, permitiendo a los clientes integrar información espacial en sus procesos de toma de decisiones. Un servicio indispensable para cualquier compañía que se preste a participar de un mercado cada vez más competitivo.
Sin embargo, pese a esta base firmemente arraigada en el ecosistema tecnológico argentino y de los subsidios del Estado a la empresa, Satellogic trasladó en 2014 una parte significativa de sus operaciones a Zonamerica, una zona franca en Montevideo, Uruguay, con el fin de evadir impuestos. Y es allí donde, desde 2015, han estado registrando los lanzamientos de sus satélites.
Pero sus fundadores no son tontos. Satellogic mantiene dos plantas en Argentina, ubicadas en Buenos Aires y Córdoba, donde se concentra gran parte de su investigación y producción. Estas plantas se benefician de todo el cóctel de subsidios directos e indirectos que el Estado argentino concede a las empresas privadas. Tarifas subsidiadas en electricidad, gas y agua. Capital humano altamente calificado a precios irrisorios, gracias a la educación pública financiada por todos los argentinos. E incluso jugosas exenciones impositivas como el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.
Aunque, tal parece, nada es suficiente para que retribuyan al país un poco de todo lo que los argentinos les hemos dado y todavía les damos, porque Kargieman y Richarte no tuvieron ningún prurito en registrar tecnología de origen argentino al otro lado del Río de la Plata.
El caso de Satellogic evidencia una problemática recurrente en el modelo de desarrollo tecnológico argentino: el desequilibrio entre la inversión pública en ciencia y tecnología y la apropiación privada de sus resultados.
Apropiación privada de investigación pública
El fenómeno de la apropiación privada de la investigación pública no es exclusivo de Argentina. Tecnologías como Internet y el GPS, desarrolladas inicialmente con fondos estatales en Estados Unidos, han sido explotadas comercialmente por empresas privadas, generando inmensas ganancias que no siempre se redistribuyen equitativamente.
En Argentina, casos como el de CONUAR ejemplifican cómo la inversión estatal puede ser capitalizada por el sector privado.
CONUAR fue fundada en 1982, bajo el gobierno de facto de Galtieri, como una sociedad entre la CNEA y el grupo privado Pérez Companc. Y, aunque la CNEA aporta el conocimiento científico y técnico, Pérez Companc controla el 67% de las acciones, asegurándose una enorme rentabilidad sin asumir los riesgos inherentes al desarrollo de alta tecnología.
Pero, además, es un negocio redondo para el grupo empresario dado que la producción de CONUAR se centra en bienes de demanda inflexible. O, dicho de otro modo, de productos que el Estado no puede dejar de demandar para operar sus centrales nucleares. Es decir que, habiendo el Estado hecho la inversión en el capital técnico y científico, le pagamos a un privado por combustible nuclear que, como Estado, ya sabemos producir. Un verdadero curro que pagamos todos los argentinos.
El caso de Satellogic no es muy diferente. Una empresa privada que no podría existir sin el capital científico y tecnológico generado por el Estado, pero que se lleva ganancias por la venta de servicios que tranquilamente el Estado podría estar ofreciendo. Y que, además, podría haber sido una importante fuente de divisas para un país con un problema constante de escasez de dólares.
ARSAT y Satellogic: Dos modelos contrapuestos de gestión de la investigación pública
La historia de Satellogic es opuesta a la de ARSAT. Por un lado, una empresa privada que no podría existir sin haberse asociado al Estado, pero donde los beneficios del conocimiento generado con recursos de todos los argentinos terminan al servicio de intereses privados. En contraposición, ARSAT es un ejemplo de cómo la soberanía tecnológica puede consolidarse desde una visión pública, preservando y expandiendo el conocimiento y el capital técnico como bienes estratégicos al servicio de toda la nación.
Pero para hablar de ARSAT, primero hay que hablar de otra empresa a la que el Estado le regaló un negocio altamente rentable a principios de los años noventa.
Hablamos de Nahuelsat, que surgió en 1991 como parte del proceso de privatización de las telecomunicaciones en Argentina, cuando el Estado delegó en un consorcio privado la gestión de los derechos orbitales y el desarrollo del satélite Nahuel 1. Sin embargo, este modelo privatizado, enfocado en la rentabilidad inmediata, no garantizó la sostenibilidad del sistema satelital, y Nahuelsat quebró a mediados de la década de 2000, poniendo en riesgo los derechos orbitales estratégicos del país.
En respuesta, el Estado creó ARSAT en 2006, una empresa estatal que retomó el control de las telecomunicaciones satelitales, desarrolló los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2 con tecnología nacional, y consolidó la soberanía tecnológica, asegurando que estos recursos estratégicos permanecieran al servicio del desarrollo y la conectividad de todos los argentinos.
A través de los satélites ARSAT-1 (2014) y ARSAT-2 (2015), diseñados y fabricados íntegramente en el país con la colaboración de INVAP, ARSAT no solo garantizó conectividad en las regiones más remotas del territorio nacional, sino que también posicionó a Argentina entre los pocos países con capacidad para construir satélites geoestacionarios. Este logro fue posible gracias al desarrollo continuo de capacidades científicas y técnicas financiadas por el aporte de todos los contribuyentes.
A diferencia de Satellogic, cuyo modelo de negocio prioriza la acumulación privada de capital con base en investigación financiada por el Estado, ARSAT asegura que los recursos tecnológicos y científicos generados por el Estado permanezcan bajo control público. Esto es fundamental para garantizar que el conocimiento estratégico no se privatice ni se utilice con fines que contradigan el interés nacional.
La importancia de ARSAT como empresa estatal va más allá de sus logros técnicos. Representa un modelo en el cual el Estado protege el fruto de las inversiones públicas, transformando el conocimiento en un motor de desarrollo. Sin embargo, Javier Milei tiene en agenda su privatización. No sólo por razones ideológicas, sino porque responde a intereses contrarios a los del país, en especial a conglomerados empresariales extranjeros como el de Elon Musk, que no quieren competidores en el mercado y menos en países periféricos como la Argentina.
Privatizar ARSAT no solo implicaría la regalar casi dos décadas de inversión e investigación en el sector satelital, sino también la renuncia al control sobre áreas clave para el desarrollo soberano, como las telecomunicaciones y la conectividad en todo el territorio nacional. Y esto, en un mundo donde la información y la tecnología son recursos críticos.
Pero, además, como ya lo demuestra la quiebra de Nahuelsat, como tantas otras empresas de la era menemista que terminaron en un desfalco, los compradores nunca adquieren las empresas argentinas para potenciarlas, sino para vaciarlas, apropiarse de sus recursos técnicos y científicos y redireccionarlos hacia sus empresas principales, chupándoles la sangre sin invertir un solo peso hasta convertirlas en empresas deficitarias que acaban en bancarrota. Lo mismo que ocurrió con Aerolíneas Argentinas e YPF.
El desmantelamiento del ecosistema científico-tecnológico de la Argentina está en curso, pero casos como el de Satellogic demuestran que la pérdida de soberanía tecnológica no empezó con Javier Milei ni terminará con un cambio de gestión, mientras no se adopte un programa integral de desarrollo nacional con foco en los activos tecnológicos del Estado para convertir a la Argentina en una exportadora de bienes y servicios con alto valor agregado.
El caso de la empresa privada que desarrolla sus satélites con tecnología e inversión del Estado argentino, pero los registra en Uruguay.